Rusia no sólo amenaza a Europa con sus ataques o interferencias con aviones no tripulados, sino también ante los tribunales. Aprovechando antiguos tratados comerciales que se remontan al final de la Guerra Fría, las empresas y los oligarcas rusos están intensificando los procedimientos de arbitraje para desafiar la política de sanciones de la Unión Europea (UE), lo que plantea un riesgo financiero cada vez más grave para sus estados miembros.
Este es el grito de alarma lanzado por una coalición de ONG europeas (entre ellas el Instituto Veblen, Amigos de la Tierra Europa y PowerShift) en un informe publicado el martes 9 de diciembre titulado “Bases congeladas, quejas candentes: cómo los oligarcas rusos y otros inversores están utilizando el arbitraje de inversiones para desafiar las sanciones”. Estas organizaciones estiman que las sumas solicitadas a la UE y sus aliados (Reino Unido, Ucrania, Canadá) en compensación por estas sanciones ascienden al menos a 48 mil millones de dólares (41 mil millones de euros), una cantidad mínima, ya que las sumas solicitadas no se hicieron públicas para la mayoría de los 24 procedimientos identificados en el informe.
Ante la congelación de sus villas, yates y otras obras de arte tras la invasión de Ucrania, varios oligarcas han intentado, con mayor o menor éxito, responder a través de canales legales. Piotr Aven y Mikhaïl Fridman lograron así una victoria en 2024 ante el Tribunal de la UE, que consideró que su contribución a la guerra era demasiado indirecta para justificar sanciones contra ellos.
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