Foto de : Il Tempo
Massimiliano Gobbi
Los centros turísticos salen a las calles de la capital para decir no a la prohibición de las concesiones estatales y a lo que definen como una “aplicación distorsionada” de la directiva Bolkestein. Desde Anzio, Nettuno, Ardea y Pomezia, con operadores de toda Italia, bajo el nombre del movimiento espontáneo “Bañistas unidos en la ira”, se manifestaron esta mañana en la Piazza Giuseppe Gioachino Belli de Roma para exigir un enfrentamiento directo con el Gobierno y con la primera ministra Giorgia Meloni. “Queremos saber qué ha cambiado respecto a cuando el actual Primer Ministro también afirmaba que nuestra categoría era víctima de una mala interpretación de la directiva. Hoy exigimos respuestas claras”, afirman. Una movilización que surge del creciente descontento dentro de la categoría que podría poner en dificultades a más de 30.000 microempresas familiares italianas. Muchas fábricas – explican los manifestantes – nacieron gracias a inversiones directas de familias concesionarias. En algunos casos se trata de negocios creados desde cero, de acuerdo con planes estatales y ordenanzas locales; en otros, los negocios se compraron asumiendo grandes deudas, a menudo con la casa familiar como garantía.
Entre los rostros de la protesta, Roberto Topa, del establecimiento “Il Tucano Beach” de Tor San Lorenzo: “Hemos hecho enormes sacrificios y ahora se habla de prohibir las playas, pero nadie pregunta a quién irán y cuál será el futuro de todo un sector”. Preocupaciones compartidas también por muchos operadores costeros, en particular por los gestores de las playas al sur de la capital, donde las concesiones no han sido objeto de licitación, a diferencia de Ostia, donde desde el año pasado se han convocado licitaciones para adjudicar concesiones caducadas. “Somos trabajadores honestos y familias respetables que sólo pedimos la correcta aplicación de la legislación”, subraya Fabrizio Miola, de la fábrica “Bagni Stella”. El movimiento respalda su posición reiterando que las concesiones de playas, en su opinión, no se consideran servicios y, por tanto, no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios. Una protesta que podría continuar en los próximos días con nuevas iniciativas tanto en la capital como en las provincias y en las 13 regiones italianas donde el movimiento está presente.