El Tribunal Supremo de Brasil rechazó formalmente el viernes la apelación del expresidente Jair Bolsonaro a su sentencia de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, reduciendo drásticamente sus posibilidades de evitar terminar tras las rejas.
El tribunal ya se había pronunciado en contra de este recurso la semana pasada, pero aún no había ratificado su decisión.
El exlíder de extrema derecha (2019-2022), de 70 años, fue declarado culpable en septiembre de ser líder de una “organización criminal” que conspiraba para garantizar su “retención autoritaria en el poder” tras la victoria de su rival de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre de 2022.
El fallido plan para asesinar a Lula y a un juez
Según la fiscalía, este complot incluía el asesinato de Lula y del juez de la Corte Suprema a cargo del caso, Alexandre de Moraes. Pero la operación fracasó por falta de apoyo de altos funcionarios militares.
Una fuente judicial indicó que la defensa podría presentar un recurso final en un plazo de cinco días. Sin embargo, Moraes podría rápidamente rechazar la propuesta, poniendo así fin al procedimiento.
Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto, podría ser encarcelado durante la última semana de noviembre.
Por problemas de salud vinculados a las secuelas de una puñalada en el abdomen en 2018, podría pedir a la Corte que le permita cumplir su condena en su domicilio, como fue el caso del expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado a ocho años de prisión por corrupción.
Sin reducción de pena
En su recurso, la defensa del ex jefe de Estado invocó “las profundas injusticias”, así como “las ambigüedades, omisiones, contradicciones” del proceso, para pedir una reducción de la pena, poniendo en duda la forma más que el fondo del caso.
El juez Moraes rechazó esta solicitud al considerar que el juicio había puesto de relieve el papel destacado de Jair Bolsonaro en un intento de golpe de estado.
También reafirmó su papel de instigador de los hechos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores irrumpieron en edificios gubernamentales en Brasilia.
Negando cualquier “ataque al derecho de defensa”, el magistrado aseguró que todas las pruebas habían sido puestas a disposición de los abogados. “La decisión justifica todas las etapas del cálculo de la sentencia”, escribió.
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