Se parecía un poco al juicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 (JO), o más bien al de las prácticas turbias y fraudulentas en el sector de la construcción puestas de manifiesto durante uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo. La tarde del jueves 19 de febrero, en el tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), concluyeron tres semanas de audiencias durante las cuales veintiuna personas y tres empresas comparecieron ante el tribunal por trabajos clandestinos y empleo de extranjeros sin título en las obras de construcción de la villa olímpica de Saint-Denis. Un conjunto de seis edificios y 350 alojamientos para acoger a deportistas de todo el mundo.
Este contrato de 60 millones de euros fue adjudicado a uno de “las diez mejores empresas del sector de la construcción”GCC, que a su vez recurrió a empresas subcontratistas. Al final de esta cadena, gracias a una inspección realizada en marzo de 2022 por la inspección del trabajo -alertada por el sindicato CGT- aparecieron trabajadores indocumentados, la mayoría malienses.
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