La apertura de la sesión anual del Parlamento chino este jueves marca un punto de inflexión estructural para la segunda potencia económica del mundo. El XV Plan Quinquenal, que cubre el período 2026-2030, debe responder a una ecuación compleja: mantener un crecimiento sólido y al mismo tiempo transformar un modelo históricamente dependiente de las exportaciones. Este documento estratégico, heredero de los planes de estilo soviético de los años cincuenta, define las trayectorias de la modernización industrial y la seguridad nacional.
Históricamente, estos ciclos de planificación han actuado como poderosos catalizadores. En los años 1980 orquestaron la apertura de los mercados y el reconocimiento de la propiedad privada. Hoy la cuestión se está desplazando hacia la “modernización con características chinas” propugnada por Xi Jinping. La ambición mostrada en 2022 sigue siendo el objetivo rector: duplicar el tamaño de la economía para 2035. Para validar esta trayectoria, los analistas estiman que un crecimiento anual promedio del 4,2% es esencial durante la próxima década.
Para el período 2026-2030, el gobierno central podría abstenerse de fijar un objetivo de crecimiento plurianual rígido, manteniendo la flexibilidad adoptada durante el ejercicio anterior. Sin embargo, los responsables de las políticas apuntan concretamente a un crecimiento del PIB de entre el 4,5% y el 5% a partir de 2026. Este dinamismo se basa en una importante palanca social: la urbanización. El nuevo plan prevé aumentar la tasa de habitantes de las zonas urbanas hasta el 70% para 2030, frente al 65% anterior.
Esta migración interna masiva debe ir acompañada de estabilidad en el mercado laboral. Beijing apunta a una tasa de desempleo urbano inferior al 5,5%. Al mismo tiempo, el gobierno se compromete a garantizar que el aumento del ingreso disponible per cápita siga la curva del PIB. El desafío es grande: transformar a estos nuevos habitantes de las ciudades en consumidores activos para asegurar el crecimiento a largo plazo.
El control deslizante más examinado por los observadores internacionales se refiere a la participación del consumo de los hogares en el PIB. Actualmente cerca del 40%, se espera que alcance el 45% en 2030, según los asesores políticos. Si se incluyera oficialmente en el plan un objetivo cuantificado, reflejaría un fuerte deseo político de separarse. Un nivel así dejaría a China todavía unos 15 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial.
Este giro hacia la demanda interna entra en tensión directa con la política industrial. El plan quinquenal reafirma la importancia de la industria manufacturera, cuya participación en la economía debe mantenerse “razonable”. Este cambio semántico (el plan anterior apuntaba por separado) “estable” — sugiere una posible tolerancia a una ligera caída del sector industrial en favor de los servicios, siempre que los sectores estratégicos sigan protegidos.
Ante las crecientes tensiones con Washington, la autosuficiencia tecnológica se está convirtiendo en la máxima prioridad. Beijing planea intensificar sus esfuerzos en semiconductores e inteligencia artificial. Si bien el crecimiento del gasto en investigación y desarrollo (I+D) se calibra en más del 7% anual (una tasa inferior al 10% observado entre 2021 y 2025), el énfasis está en “descubrimientos en tecnologías clave”.
Para apoyar esta ambición sin empeorar los desequilibrios, el gobierno pretende construir un “mercado nacional unificado”. El objetivo es romper el proteccionismo de los gobiernos locales y estandarizar las regulaciones sobre trabajo, energía y tierra. Esta centralización regulatoria tiene como objetivo reducir el exceso de capacidad industrial y las guerras de precios que erosionan los márgenes de las empresas. El éxito de este decimoquinto plan dependerá de la capacidad de Beijing para hacer converger su poder productivo con un consumo interno finalmente soberano.