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El decreto identifica situaciones en las que estos productos siguen siendo necesarios a los ojos de las autoridades, porque los procesos alternativos son “inexistentes” o “insuficientes”. Esta lista debe guiar el programa de trabajo de la ANSES, que tiene la tarea de evaluar los peligros de los plaguicidas y autorizar o no su comercialización.

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Un tractor en un campo en Montaigu (Vendée), 23 de marzo de 2026. (MATHIEU THOMASSET/HANS LUCAS/AFP)

El Ministerio de Agricultura publicó en el Diario Oficial el sábado 11 de abril una lista de más de 120 usos de plaguicidas que debería guiar el calendario de examen de las autorizaciones de comercialización (AMM) de estos productos por parte de las autoridades sanitarias.

El decreto establece l “lista de usos fitofarmacéuticos destinados a combatir organismos nocivos o plantas indeseables que afectan significativamente el potencial de producción agrícola y alimentaria y contra los cuales los medios de control son inexistentes, insuficientes o están destinados a desaparecer a corto plazo”. Enumera numerosos parásitos (moscas, pulgones, etc.) y enfermedades (moho, roya, etc.) que amenazan decenas de cultivos, desde árboles frutales hasta hortalizas, pasando por la vid, los cereales, las oleaginosas y la remolacha azucarera.

Esta lista se elaboró ​​a raíz de un informe publicado en octubre por el instituto público de investigación Inrae sobre “identificar situaciones” en el que no existirían o serían insuficientes las alternativas químicas o no químicas a los neonicotinoides, prohibidos en Francia desde 2018. A continuación, el Inrae se pronunció sobre la lista de usos prioritarios propuesta por el ministerio y participó en un “comité de soluciones” dedicado a estas cuestiones y creado a finales de marzo, según el medio Contexte.

La publicación corre el riesgo de ser criticada por varias ONG. La polémica estalló en el verano de 2025, durante el examen de la llamada ley Duplomb, que tenía como objetivo, en particular, reintroducir un pesticida neonicotinoide prohibido en Francia, medida posteriormente censurada por el Consejo Constitucional. Este texto preveía inicialmente la posibilidad de que el gobierno impusiera “prioridad” en el trabajo de ANSES, organismo sanitario responsable no sólo de evaluar los peligros de los plaguicidas, sino también de autorizar o no su comercialización.

Los parlamentarios terminaron anulando estas disposiciones a pesar de las protestas de funcionarios electos, ONG y científicos que denunciaron un ataque a la independencia de la ANSES, cuyo director había amenazado con dimitir. Pero, dos días después de la aprobación de la ley en julio, el Ministerio de Agricultura publicó un decreto especificando que el director general de la ANSES aún debe mantener “tiene en cuenta el calendario de examen de las solicitudes de autorización para comercializar productos fitosanitarios” de un decreto de creación “la lista de usos” de pesticidas destinados a combatir los parásitos de los cultivos.

Este decreto fue atacado por cuatro asociaciones que denuncian una “Golpe sin precedentes contra la autoridad sanitaria francesa” Para “satisfacer las demandas de los lobbys de la industria agroquímica” y agrícola.



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