elas ciencias irrigan nuestra sociedad: influyen en las decisiones políticas, estructuran las opciones económicas, equipan nuestra vida diaria, transforman la salud, las comunicaciones o la educación. Sin embargo, la brecha entre los espacios de producción del conocimiento científico y su circulación en la sociedad sigue siendo inmensa. Esto también va acompañado de ataques cada vez más frecuentes contra la investigación y sus agentes: cuestionamiento del trabajo climático, cuestionamiento de las vacunas, sospecha de parcialidad hacia los investigadores, especialmente en el campo de las ciencias sociales, presiones políticas y financieras. Más que una simple crisis de confianza, estas tensiones deben entenderse como una señal de advertencia de una división democrática.
Esta división está alimentada por una profunda paradoja. Los políticos a menudo invocan la ciencia, sólo para ignorar los hallazgos cuando se vuelven convincentes. En cuanto a la biodiversidad, por ejemplo, los gobiernos muestran un deseo de restaurar los ecosistemas, mientras que los marcos regulatorios se relajan independientemente del estado de la investigación. En la educación nacional, el discurso institucional pretende luchar contra las desigualdades, pero rara vez integra hallazgos de las ciencias sociales y de la educación, y varias reformas recientes refuerzan estas desigualdades. Muchas veces el conocimiento existe, pero su traducción en políticas públicas siempre se posterga o no está a la altura de los desafíos.
Apariencia de legitimidad
Al mismo tiempo, muchos ciudadanos sienten que la ciencia a veces sirve menos para informar las decisiones que para darles una apariencia de legitimidad. Las recientes crisis sanitarias han puesto de relieve esta fragilidad. Cuando se recurre urgentemente a las palabras de los investigadores para justificar decisiones políticas, se corre el riesgo de que se abuse de ellas y se conviertan en una simple herramienta para validar restricciones.
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