Matignon quiere endurecer el tono sobre las ayudas a las empresas. En pleno debate presupuestario, el Primer Ministro Sébastien Lecornu acaba de dar luz verde al Alto Comisionado para la Planificación. En una carta enviada al comisario Clément Beaune, el inquilino de Matignon explica que ” Este trabajo debería ayudar a sentar las bases de un nuevo marco para el análisis, seguimiento y evaluación de las ayudas públicas a las empresas”. Las conclusiones de esta misión se esperan para la primavera de 2026. Al revelar el déficit de evaluación y las zonas grises sobre las ayudas a las empresas, la comisión de investigación del Senado dirigida por Fabien Gay (PCF) y Olivier Rietmann (LR) había relanzado el debate sobre la necesidad de una mayor transparencia en estos miles de dispositivos.
Bercy implicado
Primer objetivo marcado por el jefe de Gobierno: establecer un mapa preciso de las ayudas existentes. Para realizar esta radiografía, la comisión de planificación podrá contar con los departamentos de Presupuesto, Hacienda y Asuntos de Bercy. Una vez finalizado este trabajo inicial, el objetivo es iniciar consultas con los interlocutores sociales y los parlamentarios. Pero esta fase podría convertirse en una carrera de obstáculos. Los empresarios ya han intervenido varias veces en la delicada cuestión de las ayudas tras la llegada de Sébastien Lecornu a Matignon. De cara a la elaboración del presupuesto de 2027, un documento debe definir la lista de medidas de apoyo a las empresas y debe permitir “vigilar la evolución de sus costes en el tiempo”, la carta especifica.
Fortalecer la evaluación
Otra queja destacada por la Comisión de Investigación del Senado es la falta de evaluación de un gran número de ayudas, subvenciones y créditos fiscales. Para compensar esta carencia, Sébastien Lecornu propone construir “una estrategia de evaluación plurianual” de las ayudas públicas a las empresas. La Alta Comisión “identificará los dispositivos que no hayan sido suficientemente evaluados”subraya el jefe de Gobierno. Clément Beaune debe proponer un ciclo de evaluación cada año. Se trata de una petición que también repite el Tribunal de Cuentas en sus numerosos informes.