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En cambio, la tasa de crecimiento se ve incrementada por impuestos sustitutivos, del orden de 2,2 mil millones, en un saldo que por tanto sigue siendo positivo en 9,75 mil millones y que se explica por numerosas medidas que actualmente está examinando el Senado. Que, por ejemplo, eliminan del Irpef aumentos contractuales para los trabajadores del sector privado cuyos ingresos lleguen a 28.000 euros, o una parte adicional del salario para los funcionarios que ganan hasta 50.000 euros, y piden a cambio (con los “sustitutos”, de hecho) un impuesto a tanto alzado, más ligero de lo habitual. La reducción del segundo tipo hace el resto, en un capítulo que tiene cifras en la mano y que constituye el verdadero corazón de toda la maniobra.

Pero nada es gratis, especialmente en un país que tiene la segunda deuda pública más grande de Europa en relación con el PIB (pero es sólo cuestión de tiempo antes de que llegue a la cima) y debe adherirse a una trayectoria fiscal estricta acordada con Bruselas. Además de ceder, la maniobra requiere.

Así lo demuestra claramente la línea IRES, que se reforzará en 2.300 millones el próximo año, en 3.100 millones en 2027, mientras que en 2028 la diferencia con la tendencia se reduce a 614 millones. Allí encontramos parte de los mayores ingresos estructurales solicitados a los bancos, llamados también a adelantar nuevos recursos con la nueva prórroga de créditos sobre impuestos diferidos, pero también el proyecto de ley presentado a las empresas, por ejemplo por el cambio de rumbo sobre la tributación de los dividendos impugnado por Forza Italia. El horizonte de tres años excluye gran parte de los descuentos concedidos a las empresas que invertirán gracias al retorno de las “hiper” y “super” depreciaciones, que se esperan en un período más largo.

En los 1.600 millones de ingresos crecientes del IVA, las normas anti-evasión introducidas con los controles sprint se dejan sentir gracias al cruce de datos de facturación electrónica, recibos electrónicos y pagos periódicos (Lipe). La etiqueta medioambiental acompaña el “reajuste” de los impuestos especiales entre la gasolina (disminuirán) y el diésel (aumentarán), que gracias a la mayor difusión de los motores diésel aportarán 1.700 millones entre 2026 y 2028. Los 1.500 millones de nuevos ingresos generados por el tabaco y productos similares podrían más bien estar motivados por nobles razones de protección de la salud.

Pero desde el estanco hasta el distribuidor, la cobertura dicta la ley. Porque toda elección tiene un coste, aunque en los años de déficit fácil afirmáramos lo contrario.

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