Con el pacto sobre migración y asilo, adoptado a mediados de 2024 y que deberá aplicarse a mediados de junio de 2026, la Unión Europea (UE) se comprometió no sólo a dificultar las entradas irregulares al Viejo Continente, mediante el establecimiento de procedimientos fronterizos, particularmente en los países de primera entrada más expuestos, sino también a establecer un mecanismo de solidaridad para que todos los demás Estados puedan acudir en su ayuda. Para esta medida solidaria, los Veintisiete han decidido crear “fondos solidarios” para distribuir hasta 30.000 solicitantes de asilo al año. No aceptar la transferencia de inmigrantes, los países que los apoyen podrán ayudar económicamente (hasta 20.000 euros por persona afectada) a los Estados que se encuentren bajo presión migratoria o mediante ayudas en especie, por especificar.
Desde hace varios meses, los Estados luchan por ser reconocidos por la Comisión. “bajo presión migratoria”beneficiarse de la ayuda de sus vecinos. “Cada uno tiene sus motivos, cada uno se siente presionado”, – confiesa un diplomático europeo. Es el caso de Alemania – que desde 2015 ha acogido a varios millones de personas, especialmente sirios, afganos y ucranianos, y cree haber hecho más de lo que debía -, de Polonia – que se enfrenta a la llegada de inmigrantes enviados desde Bielorrusia y de más de un millón de ucranianos – o incluso de Austria, Irlanda y Suecia, que han acogido a un porcentaje muy elevado de solicitantes de asilo, en relación con su población.
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