JA A partir del 31 de marzo, los operadores móviles desactivarán gradualmente las redes 2G y 3G. Esta parada pone en peligro la continuidad de muchos servicios esenciales para millones de franceses. Sin embargo, las autoridades públicas no parecen comprender suficientemente las desastrosas consecuencias de esta decisión unilateral de los operadores privados de telecomunicaciones Bouygues, Orange, SFR y Free.
Hasta 12 millones Muchos de los equipos en Francia se verían afectados por este cierre de red y deberán ser reemplazados: no hay ninguna solución de actualización disponible. Entre estos equipos se encuentran 2,4 millones de teléfonos móviles. Pero habrá que adaptar o renovar casi 10 millones de objetos conectados, según una estimación de la dirección general de las empresas: ascensores, coches, alarmas, alumbrado público, dispositivos médicos cuyos servicios a veces son vitales, etc.
No hay compensación financiera a pesar de los asombrosos costos de actualización. El coste de la sustitución de estos equipos obsoletos puede recaer en los usuarios finales: varios centenares de euros por la compra de un smartphone, 300 euros de media por una pulsera anticaídas, hasta 1.800 euros y un día de intervención para adaptar un ascensor, según un informe del Senado.
Para las comunidades, adaptar las redes de agua y saneamiento podría costar 400 millones de euros. Sin olvidar la renovación del alumbrado público, que supone una suma de 900.000 euros sólo para la ciudad de Lille.
Este cierre de la red supondrá unos costes adicionales de al menos 1.360 millones de euros. ¿Quién debería contratarlos? Consumidores, empresas, comunidades, asociaciones. No hay ayuda en el horizonte, ni de los operadores detrás de la decisión ni del Estado.
Obsolescencia forzada
Lamentablemente, la alarmante cifra de 1.360 millones de euros probablemente esté subestimada. Lamentamos la ausencia de un estudio que ilustre todos los equipos afectados y los impactos resultantes. El diagnóstico de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas, Correos y Prensa (Arcep) sigue siendo incompleto y habría merecido una mayor investigación para permitir una medición real del alcance del problema y, por tanto, un seguimiento y una compensación adecuados.
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