Como suele ocurrir con Donald Trump, todo comienza con una amenaza. El 7 de enero, el presidente estadounidense arremete con su Verdad Social contra los industriales de la defensa. El objeto de su ira: “Dividendos colosales” y el “Recompras masivas de acciones” que pagan a sus accionistas “a expensas de inversiones en fábricas y equipos”. También ataca “remuneración ejecutiva (…) exorbitante e injustificable”.
Su amenaza fue inmediatamente formalizada mediante una directiva (orden ejecutiva) publicado en el sitio web de la Casa Blanca. “A partir de hoy está prohibido (a los fabricantes que firman contratos con el Ministerio de Defensa) pagar dividendos o recomprar acciones hasta que puedan producir un producto superior, a tiempo y dentro del presupuesto”.indica el texto.
Si se prueba que un industrial “logró resultados insuficientes, no respetó el contrato, no dio suficiente prioridad al contrato, inversiones insuficientes o velocidad de producción insuficiente”la directiva presidencial lo permite“exigir que los salarios base de la alta dirección del contratista se limiten a los niveles actuales” y asegurar que la parte variable de su remuneración esté vinculada a indicadores de desempeño industrial.
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