ela violencia reciente vinculada al tráfico de drogas nos recuerda, una vez más, que Francia se enfrenta a un fenómeno que ya no afecta sólo a la delincuencia callejera, sino a una dinámica criminal profundamente arraigada.
El asesinato el 13 de noviembre del hermano de la activista ecologista Amine Kessaci y el tiroteo de un niño de 12 años en Grenoble la noche del 15 al 16 de noviembre no son hechos aislados. Al contrario, atestiguan una preocupante agravación del fenómeno: extensión geográfica de las redes, rejuvenecimiento de los actores implicados, banalización del uso de las armas, amenazas contra magistrados y personal penitenciario, aumento de las lógicas de represalia y de los actos de intimidación.
Sin embargo, desde hace varios años, investigadores especializados y actores de entornos asociativos vienen intuyendo una transformación estructural del narcotráfico (que debería denominarse como es, evitando cualquier término que pueda referirse a una imagen popular atractiva). La oferta de drogas se está extendiendo cada vez más, impulsada por una economía criminal flexible y ágil, que sabe explotar la tecnología digital y, aún más, las vulnerabilidades sociales. Esta conclusión está respaldada por numerosos informes: en agosto la Oficina Antidrogas había advertido sobre un verdadero “tsunami blanco” de cocaína, el número de consumidores casi se ha duplicado en cuatro años y Francia se ha convertido “sin zona blanca” ; es decir que el narcotráfico ahora se extiende por todo el país, desde las metrópolis hasta las zonas rurales.
Ante esta agravación del fenómeno, la respuesta francesa lamentablemente sigue centrada en la represión: la ley del 13 de junio de 2025 se limita a endurecer los instrumentos existentes, mientras que su propio título reconoce que el país ya ha caído en “trampa del narcotráfico”.
Esta orientación represiva no es ilegítima y la lucha contra el crimen organizado pasa por la captura y el castigo de los responsables, pero hace tiempo que muestra sus límites. Si bien un informe del Senado mencionó, en mayo de 2024, un “amenaza existencial”la respuesta es evidentemente insuficiente: el enfoque exclusivamente criminal, por necesario que sea, no puede ser suficiente para detener un fenómeno alimentado por factores económicos, sociales o incluso educativos.
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