El jueves 26 de marzo, a última hora de la tarde, falleció Noelia Castilla. Tenía 25 años. Después de casi dos años de trámites y apelaciones, la joven parapléjica obtuvo la asistencia médica para morir que solicitaba, a pesar de la oposición de sus padres. Su desaparición pone fin a un largo enfrentamiento jurídico y sienta un precedente en la aplicación de la ley española de eutanasia (LORE), aprobada en junio de 2021, que revela tensiones en el ámbito del final de la vida entre control legal, autonomía individual y oposición familiar.
La LORE autoriza tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido. Permite a un paciente solicitar que un médico ponga fin a su vida “deliberadamente”en condiciones estrictas: ser mayor de edad, capaz y consciente, padecer una enfermedad grave e incurable o una condición crónica que cause sufrimiento “intolerable”. La solicitud debe realizarse por escrito, reiterarse durante el procedimiento y luego ser validada por una comisión regional independiente compuesta por médicos, abogados y expertos en bioética.
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