Cuando Valentyna (las personas mencionadas no quisieron revelar su apellido) pasa por el garaje situado en la carretera que conduce a Monclar-de-Quercy, municipio rural de Tarn-et-Garonne, siempre mira su coche, que lleva aparcado un mes. La ucraniana de 43 años está apegada a este Renault Mégane que compró en agosto. Hace tres años, cuando huyó de la guerra y llegó a Francia, ni siquiera tenía permiso de conducir. Hoy, para esta ex profesora, es el símbolo de la autonomía que negoció laboriosamente: fue rechazada cinco veces. Valentyna se aloja con sus dos hijos en un bungalow del centro de ocio de Monclar-de-Quercy, junto con un centenar de ucranianos más. En verano, el sitio boscoso se llena de turistas. Fuera de temporada encuentra su soledad, a kilómetros de la primera parada de autobús.
Desde hace varios meses, el director del lugar deja claro a los ucranianos que el trato que reciben no durará. En un contexto de restricciones presupuestarias, el gobierno quiere poner fin al sistema nacional de vivienda reservado para ellos. Símbolo de esta retirada: el prefecto encargado de organizar la recepción no ha sido sustituido desde su nombramiento en julio en Loir y Cher.
“Durante los dos primeros años hicimos un trabajo a medida, luego se abandonó el tema”analiza una fuente del Ministerio del Interior, bajo condición de anonimato. Hoy en día, según los últimos datos de la Oficina francesa de Inmigración e Integración, algo más de 35.000 ucranianos se benefician de protección temporal en Francia, a los que hay que sumar los compatriotas que han solicitado y obtenido asilo, que eran más de 12.000 a finales de 2024, una solución fomentada por el Estado para orientar a los ucranianos hacia todos los sistemas de common law.
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