La cuestión es objetivamente espinosa. ¿Puede el Tribunal de Apelación de París juzgar a Nicolas Sarkozy por haber organizado, según la acusación, un pacto de corrupción cuando era ministro del Interior, de 2005 a 2007, mientras que los ministros son juzgados por un tribunal especial, es decir, el Tribunal de Justicia de la República (CJR)? Peor. Las recompensas del pacto habrían sido concedidas a Muammar Gaddafi mientras Nicolas Sarkozy era presidente de la República y, por tanto, cubierto por la inmunidad presidencial.
Estos puntos ya fueron decididos durante la investigación del caso sobre la presunta financiación de la campaña presidencial de 2007 con fondos libios, y por la sentencia del mismo Tribunal, de 25 de septiembre de 2025, que consideró que los delitos que se le imputan a Nicolas Sarkozy son separables de su función. Pero hoy el Tribunal tiene que sopesar su decisión con una catapulta, sobre todo porque casi no hay precedentes y una censura del Tribunal de Casación sin duda vaciaría gran parte del caso.
Después de siete horas y media de lectura del acta –un resumen, por así decirlo, del caso del presidente del tribunal– “Tal vez fui demasiado exhaustivo”Olivier Géron admitió voluntariamente, ante el tribunal el martes 17 de marzo “excepciones de nulidad” tradicionalmente planteado por la defensa, en ausencia de Claude Guéant, el informe médico ordenado la víspera había establecido que no podría asistir al juicio.
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