Dos imágenes en movimiento. El primero es el de los brutales golpes de martillo propinados por los antagonistas de los centros sociales al policía. Turíny alrededor de una ciudad incendiada por voluntarios.
El segundo es el de ayer: arresto domiciliario para el presunto agresor del agente y libertad con obligación de fichar a los otros dos integrantes del equipo detenido.
Demasiada distancia entre la justicia y el sentido común
Lo sorprendente es que – salvo algunas declaraciones, como las de Salvini y Gasparri – la habitual batalla política entre derecha e izquierda, entre partidarios y críticos de los magistrados, también en la perspectiva del referéndum sobre la ley Nordio, no estalló en torno a esta decisión de los jueces. Y quizás la razón sea ésta: no tiene sentido exponerse ante un caso de este tipo que habla por sí solo y suscita indignación en la red (“¿Ya estás libre? ¡Pero cómo es posible!”, “Primero el martillazo y luego un medio perdón?”, y muchas otras publicaciones de este tipo) y una auténtica consternación en la opinión pública. Capaz de destruir cualquier cuestión en Palacio, desbordado por una ola de exigencia social de sentido común y no partidismo dirigido contra quienes deben juzgar.
LA PREGUNTA
La salida de la cárcel en lugar de la severidad (naturalmente respetando todas las garantías individuales) contra el escuadrismo se produjo el mismo día de la publicación, en el Palazzo Nuovo de la Universidad de Turín, de un escrito vergonzoso: “No más policías muertos, no más huérfanos, no más viudas”. Todo esto no puede sino suscitar una pregunta entre los ciudadanos: ¿cómo podemos tener confianza en las instituciones, o más bien en quienes las representan en el presente caso en Turín, si favorecemos una cierta cultura del perdón o al menos de la conciliación con respecto a la necesidad de seguridad de las personas y su derecho a vivir en un contexto pacífico sin que nadie arriesgue su propia seguridad y vea atacada la de la policía?
Aquí no debemos ofender la conciencia civil con iniciativas judiciales más orientadas hacia un buen hacer progresista y fantástico, imbuido de valoraciones serias, responsables y profundas de los graves acontecimientos ocurridos en Turín. El aspecto formal de las decisiones del juez de instrucción es válido en sí mismo, pero al mismo tiempo impresiona cierta ligereza en cuanto al retorno de la violencia callejera que debe ser reprimida severamente porque, como enseña la historia, el fuego nace de las chispas.
En los últimos días hemos leído numerosas entrevistas a actores políticos, especialmente del mundo de la cultura, de la pseudocultura o de la subcultura, que, imitando a los “malos maestros” del pasado – por lo demás todavía leídos y citados, empezando por Toni Negri, en ciertos círculos académicos fascinados por el “subjetivismo de la revuelta” y la estética nihilista del lanzamiento de piedras o del petardo – intentan minimizar, e incluso justificar, los ataques de Turín. Es absurdo atribuir todo a una supuesta estrategia de tensión alimentada por el gobierno.
DE HUMUS
Si un cierto perdón políticamente correcto acaba afectando o influyendo a quienes deberían representar bien a las instituciones y cumplir la delicada función de impartir justicia, corremos el riesgo de producir una desconexión entre la necesidad de la comunidad de sentirse garantizada y el comportamiento de quienes, a través de la ley, tienen la tarea de garantizar la seguridad permaneciendo al abrigo del humus cultural dominante y del conformismo que nunca son buenos para nadie. Y es aquel por el cual, según la mala fe ideológica pero no según la conciencia de la mayoría o de la semitotalidad de los italianos, sería el Estado antidemocrático y represivo el que cometería la violencia y no quienes realmente lo hacen con el rostro cubierto y con cascos, palos, bombas molotov y martillos. En definitiva, en esta distorsión de la realidad, la culpa nunca es de los pirómanos sino de los bomberos.
Esta no es una cuestión política, sino una cuestión de civilización. El de no confundir nunca el ámbito judicial (incluida la certeza de la sanción) con la dimensión agitativa, que en ningún caso debe afectar al orden profesional ni a ninguno de sus representantes.
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