El 19 de noviembre, la Comisión Europea presentó su proyecto para “simplificar” la legislación europea existente en el sector digital.
En el contexto de la depredación de nuestra economía por parte de grandes plataformas y gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos, podríamos haber esperado un amplio consenso político para establecer una línea de defensa acorde con nuestros principios e intereses en el ámbito digital. Lamentablemente este no es el caso.
El tono lo habían marcado la víspera Emmanuel Macron y Friedrich Merz durante la cumbre franco-alemana, con sus llamamientos a posponer la aplicación del reglamento sobre inteligencia artificial y a revisar la legislación llamada GDPR.
El primero tiene como objetivo regular a los gigantes de la IA para que no utilicen tecnologías que amenacen nuestros derechos fundamentales. El segundo garantiza a los ciudadanos europeos la protección de sus datos personales.
Por tanto, la Comisión reitera el concepto al proponer nada más y nada menos que una rendición pública a las presiones de los oligarcas tecnológicos y a los mandatos de Donald Trump. Por lo tanto, nos enfrentamos a la amenaza más grave jamás conocida de disminución de nuestros derechos digitales y, por tanto, de nuestros derechos fundamentales.
El Ómnibus Digital –el paquete de medidas de la Comisión Europea que pretende simplificar una serie de normas– no reforzará en modo alguno la “competitividad” digital de Europa. Por el contrario, al destruir nuestra legislación
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