Fue detenido en flagrante delito mientras cobraba dinero, un presunto soborno, práctica según la fiscalía de Roma que ya había investigado a Roberto Palumbo (originario de Cassino), jefe del servicio de nefrología y diálisis delHospital San Eugeniocon la hipótesis de que esto encaminaría a los pacientes en diálisis hacia determinados establecimientos privados. Junto a él, los hombres del Rome Flying Squad también detuvieron, el jueves por la noche, al empresario Maurizio Terra, representante legal de Dialeur, empresa que gestiona un centro de diálisis ambulatorio acreditado por la Región. Los tres mil euros en efectivo habrían confirmado las sospechas. El viernes, el fiscal Gianfranco Gallo los interrogó, Palumbo permaneció en prisión, mientras que Terra fue puesta bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, los agentes también buscaron a Giovanni Lombardi, fundador de Nefrocenter, a los nefrólogos Carmine De Cicco y Annalisa Maria Valeria Pipicelli, a Nicolò Lucio Vinciguerra, presidente del consejo de administración de Namur, a Federico Germani, representante legal de Omnia 2025, empresas que gestionan centros especializados en hemodiálisis. Todos están bajo investigación por corrupción. Luego otras dos personas que no están bajo investigación. Sin embargo, las detenciones deben ser validadas por el juez de instrucción que, tras la audiencia, se reservó sus derechos.
LA HIPÓTESIS
La investigación, iniciada hace más de un año y coordinada por el diputado Giuseppe De Falco y el fiscal Gallo, incluye a catorce sospechosos en total. La investigación partió de la denuncia de otro nefrólogo y la hipótesis de la fiscalía, que inicialmente acusó a Palumbo de extorsión, es que el médico remitía a los pacientes que trataba en el hospital a establecimientos afiliados al servicio regional de salud y especializados en diálisis, gestionados por empresarios dispuestos a pagarle sobornos. Hay cinco clínicas sospechosas. La acusación surge de la denuncia del nefrólogo Carmelo Antonio Alfarone, que denunció a Palumbo, afirmando que se había visto obligado a pagarle alrededor de 700.000 euros amenazándolo con no enviar más a los pacientes dados de alta de Sant’Eugenio y que aún necesitaban tratamiento al grupo médico de Roma. Alfarone habría pagado así 3.000 euros por cada paciente, por un total de 120.000 euros entre 2019 y 2021, pagando también el alquiler de la casa donde vivía el médico, cuyos muebles también había comprado. Luego pagaría los gastos de alquiler del Mercedes del médico jefe, así como las facturas en restaurantes y tiendas de lujo, gracias a la emisión de tres tarjetas de crédito de la asociación. Finalmente le habría obligado a contratar a su pareja al mes por 2.500 euros. Los investigadores especulan que la documentación adquirida por Mobile durante las búsquedas podría confirmar las sospechas. Pero más de un año de escuchas telefónicas revelaron una actividad asombrosa en torno a la gestión clínica. El dinero habría sido pagado a Palumbo, a veces en efectivo, otras mediante consultas ficticias con el médico, con una serie de facturas falsas emitidas por una empresa ad hoc. Tras reunirse cerca de la región del Lacio, el empresario que viajaba en el coche del médico jefe entregó a Palumbo el fajo de billetes de 100 y 50 euros que luego fueron interceptados por los agentes.
DEFENSA
Durante el larguísimo interrogatorio, Terra y Palumbo, defendidos por el abogado Antonello Madeo, contaron otra historia. Palumbo indicó que en realidad es accionista del 60 por ciento de Dialeur, mientras que el 40 por ciento restante pertenece a Nefroline, que forma parte del grupo Nefrocenter. Los 3.000 euros habrían constituido “un anticipo sobre el beneficio de la participación efectivamente poseída por Palumbo en Dialeur”. Este pago, admitido por el propio Palumbo, según el cual la denuncia surgió de la competencia entre nefrólogos, habría sido el pago de ingresos de Dialeur del que era socio oculto. Y por lo que habría obtenido unos beneficios de unos 5 o 6 mil euros sólo en 2024. Pero los fiscales siguen pensando que la ronda de dinero es mucho más importante. Y archivaron escuchas telefónicas y conversaciones en la solicitud de validación.
Los dos sospechosos fueron interrogados ayer ante el juez de instrucción, que deberá decidir si acepta las solicitudes del fiscal y las confirma o si los deja en libertad.
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