eluando a finales del verano nos enteramos de que en Estados Unidos un joven adolescente, Adam Raine, se suicidó después de haber obtenido del Chat-GPT las instrucciones necesarias para poner fin a su vida, no sin antes haberle confiado su angustia, ¿no resulta tal vez urgente restablecer una posible relación con la palabra y con los demás en nuestro mundo? Cuando conmemoramos el décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Francia, que movilizaron numerosos equipos de primeros auxilios en hospitales, psicólogos y psiquiatras para hacer frente al acontecimiento traumático y sus efectos, ¿no es irónico publicar una enmienda que condena “tratamientos, actos y servicios que se declaran psicoanalíticos o basados en fundamentos teóricos psicoanalíticos” ?
La enmienda presentada al Senado el 21 de noviembre ciertamente ha sido retirada, pero también podría ser que sea sólo el primer golpe que presagia la inexorabilidad que se avecina. En nombre de la coherencia científica vinculada al gasto sanitario, esta enmienda propone incentivar prioritariamente “la difusión de prácticas de rehabilitación conductual, educativa y psicosocial” para borrar mejor del mapa la contribución psicoanalítica basada en palabras.
Pero ¿qué significa ese incentivo a desaconsejar, prohibir y viceversa promover? No se trata sólo de dejar de reembolsar los tratamientos declarados psicoanalíticos, especialmente en los centros médico-psicológicos, sino también de calificar estos tratamientos de contraproducentes e inadecuados, “diferenciarse de las psicoterapias”. Esta distinción deslegitima las psicoterapias que hacen referencia al psicoanálisis y corre el riesgo de llevar a la descalificación de todos los profesionales formados sobre la base del psicoanálisis. También presagia la destrucción del tejido social de la asistencia psicológica.
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