La decisión emitida el viernes 20 de febrero por la Corte Suprema de Estados Unidos es un terremoto jurídico, político y económico. Los jueces decidieron cancelar la mayoría de los aranceles impuestos por la Casa Blanca a casi todo el resto del planeta. El máximo tribunal del país, de mayoría conservadora, priva a la Casa Blanca del pilar de su política económica, frena la ampliación del poder ejecutivo en detrimento del poder legislativo y abre un gran período de incertidumbre en el comercio mundial.
No hay duda de que las opiniones de los jueces serán estudiadas en las facultades de derecho en los próximos años. La Corte, que hasta entonces había dejado a la administración Trump un amplio margen de maniobra, esta vez dio marcha atrás. Seis de nueve jueces, incluidos tres conservadores, determinaron que los aranceles de Donald Trump son ilegales según la ley estadounidense.
Según los jueces, la administración Trump ha sobreinterpretado una ley especial que data de los años 1970, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que otorga a la Casa Blanca, en caso de emergencia, poderes excepcionales para controlar las importaciones. Para los abogados presidenciales, este texto permitiría imponer los famosos derechos de aduana “mutual”anunciado por Donald Trump, durante la “Día de la Liberación” (Día de la Liberación), 2 de abril de 2025.
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