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Hay palabras que abarcan los siglos y cuyo significado evoluciona con las crisis. La soberanía es uno de ellos. Limitada durante mucho tiempo a las fronteras del Estado, se está consolidando como una necesidad compartida, lo más cerca posible de los territorios. La verdadera soberanía no se limita a la capacidad de decidir; radica en la capacidad de actuar. Y esta capacidad de acción, para nuestros Municipios, se basa ante todo en una palanca decisiva: las inversiones.

Invertir, para un alcalde, no significa sólo equipar o mantener. Se trata de arbitrar entre el corto y el largo plazo. Es elegir entre adaptación y renuncia. En última instancia, se trata de ejercer plenamente el poder político de cada uno.

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En esta ecuación, la infraestructura juega un papel central. No son un activo fijo, sino un capital vivo, que debe mantenerse, modernizarse y adaptarse. Afectan a todo: la vitalidad económica, la calidad de los servicios públicos, la transición ecológica, el equilibrio entre territorios.

Un Municipio que invierte es un Municipio que planifica. Un municipio que ya no invierte es un municipio que se expone. Esta realidad es tanto más fuerte cuanto que las autoridades locales constituyen el principal motor de las inversiones públicas en Francia. En otras palabras, la soberanía nacional también se construye -y quizás principalmente- en las decisiones presupuestarias locales.

Un Municipio que invierte es un Municipio que planifica. Un municipio que ya no invierte es un municipio que se expone

En un contexto de crecientes restricciones financieras, la tentación de posponer puede parecer racional. En realidad es peligroso. Las inversiones en infraestructura no son un gasto que pueda diferirse indefinidamente: son una condición de continuidad. Continuidad de las redes, continuidad de los servicios, continuidad de la confianza pública.

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No se trata sólo de construir, sino de preservar y transmitir. La infraestructura descuidada hoy se convertirá en deuda invisible mañana. Por el contrario, una infraestructura mantenida y modernizada representa un activo duradero que sirve a las generaciones futuras. En este sentido, los alcaldes tienen una responsabilidad única: son custodios de un patrimonio colectivo tanto como arquitectos de su renovación.

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Frente a los desafíos contemporáneos (cambio climático, tensiones sobre los recursos, cambios económicos), esta responsabilidad adquiere una dimensión estratégica. Invertir en infraestructura significa fortalecer la capacidad de un territorio para resistir las crisis, adaptarse y recuperarse.

Se trata también de reafirmar una cierta idea de acción pública: una acción que no se contenta con gestionar lo que ya existe, sino que prepara el futuro.

Por eso es esencial, al comienzo de este mandato, tomar una decisión clara. No el de la facilidad inmediata, sino el de la coherencia en el tiempo. No el del arbitraje forzado, sino el de la ambición presunta.

La soberanía no es un horizonte lejano. Está presente en cada presupuesto, en cada proyecto, en cada decisión de inversión. Y, para los alcaldes, comienza con un acto simple –pero decisivo–: invertir para durar.

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