Una gravísima amenaza que pesaba sobre Argentina y sus finanzas desde hacía más de diez años se disipó en una sola decisión judicial el viernes 27 de marzo. Un tribunal de apelación de Nueva York anuló la orden de Argentina de pagar 16.100 millones de dólares en concepto de indemnización (18.000 millones de dólares con intereses, aproximadamente 15.000 millones de euros) por la nacionalización de la petrolera argentina YPF, de la que el Estado sigue siendo el accionista mayoritario.
Los jueces de Nueva York dictaminaron que el magistrado que decidió en primera instancia, en 2023, había malinterpretado la ley argentina y que los pedidos de los accionistas eran infundados. Señalaron que los 16.000 millones de dólares en compensación representan alrededor del 45% del presupuesto de Argentina para 2024. Este avance fue celebrado como redentor por todo el espectro político, en primer lugar, por el presidente ultraliberal Javier Milei.
Durante un discurso oficial, rodeado de sus más importantes funcionarios, el Jefe de Estado saludó, el viernes, “un hecho de importancia histórica”. “Pagar (compensación) Habría representado un enorme obstáculo en el camino hacia nuestra recuperación económica”argumentó Javier Milei. Estimó que el monto solicitado, el equivalente a “70 millones de pensiones mínimas”habría tenido razón sobre la existencia de YPF y habría liderado “a la ruina del Estado” Argentino. “Desaparece el mayor riesgo jurídico que tenía el Estado argentino”aseguró Sebastián Amerio, fiscal de Hacienda que coordina la defensa del Estado en este caso, entrevistado por el diario argentino ClarínViernes.
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