Ante la presión de los partidos de extrema derecha, Europa endurecerá su política de inmigración. Reunidos en Bruselas, los ministros del Interior de los Estados miembros de la Unión decidirán sobre tres textos presentados este año por la Comisión Europea. Quieren regular más estrictamente las llegadas y retornos de inmigrantes.
En particular, permitirían la apertura de centros fuera de las fronteras de la UE para enviar a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, “centros de retorno”. También castigarían con mayor dureza a los inmigrantes que se nieguen a abandonar el territorio europeo, con períodos de detención más largos. Querida por Roma, esta reforma de la UE debe rehabilitar en particular el gran proyecto italiano de un “centro de inmigración” en Albania, que ha sido invalidado por la justicia europea y suspendido.
Pero la ambición europea no se detiene aquí: los textos también proponen devolver a los inmigrantes a países de los que no proceden pero que Europa considera “seguros”. Por último, la Comisión Europea podrá sopesar estos favores comerciales si un Estado que debe acoger a los inmigrantes no es suficientemente “cooperativo”.
Un 20% menos de entradas irregulares en 2024
Se trata de medidas mucho más coercitivas que las aplicadas hasta ahora en el Viejo Continente, incluso si en Europa se ha registrado alrededor de un 20% menos de entradas irregulares en comparación con el año pasado. Pero la presión sobre los líderes políticos del Viejo Continente es cada vez más fuerte.
Y esto se debe sobre todo a que, según datos de Bruselas, casi cuatro de cada cinco personas a las que se les ha ordenado abandonar la UE no respetarían esta decisión. La culpa, en particular, es la negativa a cooperar por parte de algunos terceros países. “Hay que avanzar para dar a los ciudadanos la sensación de tener la situación bajo control” “, criticó el jueves el comisario europeo Magnus Brunner, el artífice de esta restricción migratoria.
Bruselas podría ir aún más lejos. Para “dar alivio” a los países a lo largo de las rutas migratorias, como Grecia e Italia, la UE pronto exigirá a otros estados miembros que trasladen a los solicitantes de asilo a su territorio o paguen una contribución financiera de 20.000 euros por solicitante de asilo a los países bajo presión. Varios países, entre ellos Bélgica, Suecia y Austria, ya han salido del problema al anunciar que no aceptarán solicitantes de asilo de otros Estados miembros.
Los fondos europeos se utilizan para bloquear a los inmigrantes en lugar de integrarlos
Estas propuestas desataron a la izquierda y a asociaciones de protección de migrantes que denuncian medidas violatorias de los derechos humanos. “En lugar de invertir en seguridad e inclusión, la UE está eligiendo políticas que empujarán a más personas al peligro y la inseguridad jurídica”advierte Silvia Carta de Picum, una ONG de protección a inmigrantes indocumentados.
Una observación compartida por Cimade, otra ONG que ayuda a los migrantes. “Estos presupuestos podrían redistribuirse útilmente para permitir el acceso incondicional al territorio europeo de las personas atrapadas en sus fronteras exteriores, de modo que su situación sea examinada cuidadosa e imparcialmente o para permitir una acogida digna en el territorio de los Estados miembros y garantizar el respeto efectivo de los derechos de todos”lamenta la asociación.