Para el gobierno de México, la muerte de José Ramos, ocurrida la noche del 25 de marzo en su celda del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Adelanto, California, es una muerte de más. Originario del pueblo de Silao, en el estado de Guanajuato, José Ramos había vivido durante veintiocho años en Los Ángeles, donde trabajaba en una lavandería industrial y era padre de dos hijos, ciudadanos de Estados Unidos.
Este hombre, “muy trabajadora y muy responsable”según su esposa Antonia Tova, se convirtió en el decimocuarto ciudadano mexicano en morir en un centro de detención de inmigrantes desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Nueve días antes, México se había enterado con sorpresa de la muerte de Royer Pérez, de 18 años, del estado de Chiapas, en el centro de detención del ICE en Glades, Florida.
Cinco días después de la muerte de José Ramos, ICE emitió un comunicado insistiendo en que el hombre de 52 años, arrestado y luego trasladado al centro de Adelanto en febrero, era un “extranjero ilegal” quien era “condenado por posesión de sustancia prohibida y robo” en agosto de 2025. Según las autoridades migratorias padecía diabetes, hiperlipidemia e hipertensión, y “recibió atención médica constante durante su detención”. La explicación no convenció al otro lado de la frontera: el 30 de marzo, Vanessa Calva, directora de protección consular mexicana en Estados Unidos, criticó al ICE por no haber informado aún al gobierno mexicano sobre las causas de la muerte de José Ramos, asegurando que su caso “No es un hecho aislado sino el reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”.
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