JADespués de un año de bloqueo en el Senado, mientras la medida se votaba en la Asamblea Nacional, el gobierno anunció, en el marco de la ley de finanzas de 2026, la generalización de la comida de 1 euro para todos los estudiantes.
Esta decisión era esperada y ampliamente respaldada: según el Barómetro de Opinión Estudiantil (Cop1-IFOP, 2026), el 87% de los estudiantes se dijo a favor. Sin embargo, esto no puede ocultar una grave contradicción: la lucha contra la precariedad estudiantil no puede hacerse mejorando el acceso a la alimentación y, al mismo tiempo, debilitando otros derechos esenciales.
La inseguridad es la principal preocupación de los estudiantes de hoy. Para el 47% de ellos, el cambio en su situación financiera encabeza la lista de preocupaciones, entre los estudiantes apoyados por la asociación Cop1 este porcentaje se eleva al 63%. Esta prioridad revela un desequilibrio: donde las preocupaciones académicas y profesionales deberían tener prioridad, dominan las preocupaciones financieras.
Sacrificios permanentes
La precariedad es la base del día a día de miles de jóvenes para quienes la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria o la continuación de sus estudios suponen sacrificios permanentes. Los estudiantes hacen malabarismos con trabajos precarios, apoyo fragmentado y colas para acceder a comidas o apoyo social.
En este contexto, el acceso universal a una comida de 1 euro constituye obviamente una primera red de seguridad alimentaria necesaria para los estudiantes. Hoy en día, el acceso a la comida de 1 euro se basa en un sistema restrictivo, basado en dos categorías: estudiantes becados y estudiantes no becados obligados a presentar una solicitud específica, sujeta a evaluación social.
Este enfoque es en gran medida inadecuado a la realidad de la precariedad estudiantil. Por un lado, porque se basa en gran medida en el estatus de la beca, aunque el sistema de becas esté obsoleto: cantidades que no cubren el coste real de la vida estudiantil; criterios de asignación basados en los ingresos de los padres, desconectados de la situación real de muchos estudiantes; y efectos de umbral que excluyen, aunque sea por unos pocos euros, a miles de jóvenes, incluso si enfrentan dificultades materiales demostradas.
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