eluna factura no. 385 presentado en el Senado y que pretende incluir los “centros expertos en salud mental” en el código de salud pública, Dirigido por la Fundación FondaMental, genera profunda preocupación entre los profesionales y usuarios de la psiquiatría. Con el pretexto de la innovación científica, este texto respalda una opción política: sustituir una psiquiatría pública ya debilitada por un modelo selectivo, patológico, incapaz de responder a las inmensas necesidades a las que se enfrenta la sociedad, pero enteramente en consonancia con la idea de racionalización de costes, que es, sin duda, su éxito político.
Desde la creación de estas instalaciones en 2007, se han establecido 54 centros dedicados a los trastornos bipolares, la esquizofrenia, la depresión resistente y el autismo en adultos. Funcionan como dispositivos de tercer nivel: realizan diagnósticos, prescriben recomendaciones, pero no brindan tratamientos. Su promoción política se basa en cifras espectaculares: una supuesta reducción del 50% de las hospitalizaciones tras una visita a un centro especializado, prometiendo hasta 18.000 millones de euros de ahorro para los seguros sanitarios.
Sin embargo, estas cifras proceden de un único estudio no controlado, cuyos propios autores reconocen que no puede demostrar un efecto directo de los centros expertos. Además, respecto a la esquizofrenia resistente o la depresión, no existen datos ni estudios que prometan estos resultados en términos de ahorro de costes.
Colapso del sector
La fragilidad científica de este trabajo se subraya periódicamente, como explica un artículo de Stéphane Foucart en el mundo del 3 de junio de 2025. Además, Alain Milon (elegidos Les Républicains du Vaucluse)Uno de los senadores que elaboró el proyecto de ley fue administrador de la Fundación FondaMental entre 2011 y 2015. Esto no impide a los promotores convertirlo en la base de una reforma, desarrollada sin consultar a los operadores del sector ni a los sindicatos. De este modo intentamos transformar una decisión de gestión en una elección científica informada, a riesgo de confundir investigación y política sanitaria.
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