Se acerca la reforma del edificio. El proyecto de ley habilitante para la revisión de la Tue, la ley consolidada del sector, llegará mañana a la mesa del Consejo de Ministros. Los objetivos van desde la simplificación de los procedimientos hasta la digitalización, desde la lucha contra la fragmentación regional hasta la reorganización de los permisos de construcción, pasando por una amnistía más fácil para los abusos definidos como históricos, es decir los anteriores a la llamada ley “puente” sobre urbanismo de 1967.
El gobierno tendrá 12 meses para adoptar los decretos legislativos de una reforma que el MIT quiere que sea amplia y orgánica, capaz de superar las disparidades creadas a nivel local por las diferentes legislaciones regionales, de dar seguridad a las reglas y también de evitar cualquier conflicto constitucional. Una intervención que “ya no se posterga”, como se define, para obtener “un marco regulatorio cierto, simple y moderno, capaz de apoyar el desarrollo económico, la seguridad ciudadana y la revalorización del patrimonio inmobiliario nacional”.
La delegación establece, por tanto, algunos principios básicos, como la protección de los bienes culturales y paisajísticos o el cumplimiento de las normas de higiene y salud en las viviendas. Luego da pautas a seguir en decretos posteriores, a raíz del decreto Save Home de 2024. Uno de ellos es el fortalecimiento del mecanismo de consentimiento silencioso.
Para reducir los retrasos en la expedición o expedición de permisos de construcción y contrarrestar la “inacción burocrática”, “se hará un nuevo hincapié en el mecanismo de consentimiento tácito o de devolución silenciosa en caso de inercia de la administración competente”, se explica en la exposición de motivos de la disposición. Al mismo tiempo, para garantizar la seguridad del calendario del procedimiento, es necesario definir mecanismos procesales que garanticen el cumplimiento de “los plazos obligatorios, previendo eventualmente facultades de sustitución o soluciones para superar los bloqueos resultantes de retrasos o desacuerdos entre las administraciones interesadas”.
Entre los objetivos está también el de racionalizar los procedimientos administrativos destinados a expedir o formar diplomas de amnistía, sin modificar los requisitos sustanciales, pero interviniendo en los procesos para hacerlos más eficientes. Como ya se desprende del primer proyecto de ley publicado el 24 de septiembre, el objetivo también es introducir procedimientos simplificados para la regularización de los abusos cometidos antes de la entrada en vigor de la Ley 67.
Al mismo tiempo, se procederá a la racionalización de los regímenes sancionadores previo a la emisión de los correspondientes certificados de amnistía. Las sanciones serán proporcionadas a la magnitud de la edificación o transformación urbana, a la gravedad del incumplimiento o al valor de la obra realizada.
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