Los “bonos” por el empleo de jóvenes, mujeres y contrataciones vuelven a la normalidad en lo que se llama Zes Unica, la zona económica especial que incluye las regiones del sur, además de Las Marcas y Umbría. La enmienda de los ponentes, salvo sorpresas de última hora, llegará por la mañana a la mesa de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales de la Cámara, donde se votarán los artículos del Decreto Milleproroghe. A finales de la semana pasada circularon rumores sobre un freno a esta medida, que podría haber sido desviada hacia otra de las medidas legislativas que se debaten en el Parlamento. Pero al final, al parecer, el gobierno decidió continuar con Milleproroghe, evitando así mayores retrasos en los plazos. Además, en una de las últimas versiones de la ley de presupuesto adoptada por el gobierno y presentada para revisión parlamentaria se incluyeron incentivos para apoyar el empleo de jóvenes y mujeres. Luego, en el último giro de la maniobra, la medida quedó efectivamente congelada, a la espera de que se encontrara un nuevo “vehículo legislativo” en el que pudiera insertarse. Un camino reiterado desde el primer momento también por el subsecretario de la delegación para el Sur y Zes Unica, Luigi Sbarra.
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La modificación, sin embargo, aparentemente prevé algunos cambios respecto a la norma vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, con una diferenciación de plazos. De hecho, la bonificación destinada a las contrataciones menores de 35 años y la de Zes Única sólo se prorrogará cinco meses y solo estará vigente para los contratos de trabajo firmados antes del 30 de mayo de 2026. Sin embargo, el incentivo para las empresas que contraten mujeres se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, uno de los segmentos del mercado laboral que, pese al auge de los últimos años, sigue avanzando lentamente, especialmente en las zonas más débiles del país. No es casualidad, explican al Ministerio de Trabajo, que la intervención “deba incluirse entre los objetivos estratégicos del programa nacional Juventud, mujer y trabajo 2021-2027 y responda a la necesidad de apoyar la transición de los jóvenes al empleo de larga duración, fortaleciendo al mismo tiempo la cohesión territorial, con especial atención al tejido productivo en las zonas más desfavorecidas en términos de empleo”.
La medida, que se prorrogará hasta mayo de 2026, se divide en dos capítulos. La primera es la destinada a empresas que contraten a jóvenes menores de 35 años y tiene validez en todo el territorio nacional. El segundo prevé una mayor reducción fiscal en las comarcas de Zes Única. La bonificación prevé, en particular, una reducción del 100% en el pago de las cotizaciones a la seguridad social adeudadas por los empresarios privados -excluidas las bonificaciones y cotizaciones adeudadas al INAIL- hasta un importe máximo de 500 euros mensuales por cada trabajador. Una cantidad que asciende a 650 euros para las contrataciones realizadas por empresarios privados que contraten trabajadores cuyo lugar de trabajo real esté situado en regiones menos desarrolladas. El gasto debería rondar los 300 millones euros en 2026, frente a los 700 millones esperados de una prórroga de 12 meses del bono. Sin embargo, hasta diciembre seguirá vigente el “bono mujer” que tiene como objetivo reducir “las desigualdades de género en el mercado laboral, fomentando la inclusión social y profesional de las mujeres más alejadas del empleo estable”. La disposición prevé, en particular, una exención de cotizaciones, por un período máximo de 24 meses, para los empresarios privados que, hasta el 31 de diciembre de 2026, contraten a mujeres con contratos permanentes, independientemente de su lugar de residencia, sin un empleo regularmente remunerado durante al menos dos años. En términos cuantitativos, la exención se basa en el 100% de las cotizaciones a la seguridad social -excluidas las bonificaciones y las cotizaciones debidas al INAIL- pagadas por el empresario, con un límite máximo mensual de 650 euros por cada trabajador. En total, se espera que la carga sobre el presupuesto público para este año sea de unos 225,7 millones de euros. Si todo va bien, el texto recibirá luz verde de Montecitorio el próximo jueves, cuando se espera el voto de confianza. Luego, el decreto será examinado por el Palacio Madame.