El conflicto fiscal entre Lagfin, el holding luxemburgués de la familia Garavaglia, y la Agencia Tributaria, que llevó a la congelación de acciones de Campari por valor de unos 1.290 millones de euros en octubre, está a punto de resolverse. Según las agencias Bloomberg y Reuters, Lagfin está negociando el pago de unos 400 millones de euros en el marco de un acuerdo de conciliación y resolverá así el caso sometido a la fiscalía por presunto fraude fiscal. La caja fuerte de Garavaglia pagaría en varios plazos: el primero de 150 millones a finales de 2025, con el efectivo ya en el fondo, y el resto a partir de 2027.
A finales de octubre, la Guardia di Finanza procedió al embargo en ejecución de una orden dictada por el juez de instrucción del tribunal de Monza en el marco de las investigaciones abiertas en 2023 por “declaración fraudulenta por otros medios” y por “responsabilidad administrativa de personas jurídicas”. La investigación partió de una auditoría fiscal tras la fusión por incorporación a Lagfin de la filial italiana en 2018, que a su vez poseía la mayoría del capital de Campari. Las investigaciones revelaron ganancias de capital no declaradas derivadas del llamado impuesto de salida que ascendían a más de 5,3 mil millones de la base imponible en el momento de la transferencia al extranjero, estimando el impuesto no pagado en alrededor de 1,3 mil millones. De ahí la incautación de acciones.
La noticia filtrada ayer fue bien recibida en Bolsa, donde las acciones de Campari cerraron la sesión con un alza del 0,49%, situándose en 5,72 euros. Según los analistas de Equita, el holding tendría liquidez más que suficiente para hacer frente al primer pago. De confirmarse la noticia, se eliminaría al menos a corto plazo el llamado riesgo de sobregiro del título ligado a una posible venta de acciones de Campari en Bolsa para financiar el pago de la posible multa. Los expertos de Equita estiman además que la matriz luxemburguesa “también podrá gestionar pagos posteriores a partir de 2027, teniendo en cuenta los dividendos esperados entretanto de Campari y el margen para nueva deuda previsto por los contratos de bonos”. Lagfin dispone de un bono convertible en acciones de Campari por importe de 536 millones de euros con vencimiento en junio de 2028.
La indiscreción se considera positiva para Campari “porque elimina un riesgo potencial, aunque en el margen creemos que el mercado ya ha anticipado la definición de un acuerdo por un monto inferior al embargo inicial y ya le ha asignado una baja probabilidad de una colocación significativa, especialmente en el corto plazo”.