Avance legislativo, pero resistencia social: el presidente argentino, Javier Milei, afronta el jueves su cuarta huelga general en poco más de dos años de mandato, una fuerte medida dirigida a su reforma de desregulación laboral, que sin embargo avanza en el Parlamento.
A partir de medianoche, hora local, y durante 24 horas, trenes, autobuses, aeropuertos, puertos, bancos y la administración pública deberían estar paralizados o inactivos, en una huelga que la gran central CGT ha prometido ser “fuerte”. Y también afectan a comercios y restaurantes, en función de las dificultades para el transporte de los empleados. Se espera que el impacto sea más pronunciado que el anterior, en abril de 2025, para la defensa del poder adquisitivo.
El recorrido había sido muy irregular, los autobuses circulaban casi con normalidad ese día, lo que no se espera que suceda el jueves. Aerolíneas Argentinas anunció el jueves la cancelación de 255 vuelos, entre ellos una treintena de vuelos internacionales, para un total de más de 30.000 pasajeros.
La movilización ilustra un resurgimiento del conflicto social, cuatro meses después del éxito electoral del ultraliberal Javier Milei, que salió fortalecido de las elecciones legislativas de mitad de período. Su objetivo es la reforma laboral, un proyecto clave para la segunda mitad de su mandato, que se discutirá en la Cámara de Diputados el jueves. “Queremos decirle al gobierno que el pueblo ha dado su voto, pero no para quitarle sus derechos”, dijo Cristian Jerónimo, colíder de la CGT (properonista, centroizquierda) en vísperas de la huelga.
Despidos más fáciles, jornadas laborales ampliadas…
La reforma modifica radicalmente varios aspectos del derecho laboral: entre otras cosas, facilita los despidos, reduce la escala de compensación, permite alargar la jornada laboral (de 8 a 12 horas), amplía los servicios llamados “esenciales” en caso de huelga y autoriza el fraccionamiento de las vacaciones.
Para el ejecutivo, esta “modernización del trabajo” (nombre del proyecto de ley) debería permitir incentivar la contratación en una economía donde más del 40% del empleo es informal. En particular frenando lo que el gobierno denuncia como “industria de prueba”, una judicialización excesiva del mundo del trabajo. “No es una modernización, es una precariedad”, responde la CGT, denunciando una ley “regresiva”.
Sin embargo, el proyecto de ley avanza en el Parlamento. La propuesta fue aprobada el miércoles pasado en el Senado, sujeta a algunos compromisos por parte del poder ejecutivo, en particular sobre las contribuciones de los empleadores a la cobertura sanitaria. Y el gobierno confía en la aprobación de los diputados, después de algunas nuevas concesiones y del abandono del subsidio decreciente en caso de enfermedad. Si se aprueba el jueves, el proyecto de ley tendrá que regresar al Senado, probablemente la próxima semana, para aprobar estos cambios.
La CGT no convocó manifestaciones el día de la huelga, pero algunos sindicatos y pequeños partidos de izquierda planearon una manifestación cerca del Parlamento. El miércoles pasado se produjeron breves pero violentos enfrentamientos entre pequeños grupos de manifestantes y la policía, al margen de una manifestación que ya se oponía a la reforma laboral.
Se pidió a los periodistas que se mantuvieran alejados.
En un comunicado de prensa marcial del martes, el Ministerio de Seguridad advirtió a los periodistas que “preservaran su integridad física” cuando cubran las próximas manifestaciones. Les recomienda permanecer en un lugar definido, so pena de “ponerse en peligro voluntariamente”.
Lejos de la huelga y de posibles tensiones, Javier Milei estará el jueves en Washington para la primera reunión del “Consejo de Paz” de su aliado Donald Trump. El miércoles, simbólicamente, el anuncio del cierre de una emblemática fábrica de 80 años, el principal fabricante de neumáticos de Argentina, con la pérdida de 900 puestos de trabajo, lastró aún más el panorama social.
Javier Milei, en el poder desde diciembre de 2023, ha registrado un gran éxito macroeconómico al controlar la inflación, que se ha reducido en dos años de más del 150% al 32%, en términos interanuales. Esto, al precio de recortes del empleo público, de una drástica austeridad presupuestaria que ha reducido el consumo – que lucha por reactivarse – acompañado de una marcada apertura a las importaciones. En dos años, según datos de la Secretaría del Trabajo, se han perdido casi 300.000 empleos, públicos y privados juntos.
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