Paraguay ratificó el martes el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, convirtiéndose en el último signatario del bloque sudamericano en hacerlo.
La Cámara de Diputados votó por unanimidad a favor de su adopción, cerrando el proceso de ratificación por parte del Parlamento paraguayo de un tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 estados de la UE y los miembros fundadores del Mercosur.
Brasil, Argentina y Uruguay ya habían ratificado en las últimas semanas este texto firmado a mediados de enero en Asunción, tras 25 años de negociaciones.
“Un documento histórico”
El diputado paraguayo Juan Manuel Añazco saludó un “documento histórico”, subrayando que el 93% de las exportaciones del Mercosur entrarán a Europa sin pagar derechos de aduana. Por su parte, el presidente paraguayo, Santiago Peña, calificó recientemente el acuerdo como una decisión estratégica en un contexto de tensiones globales.
“El avance de la cooperación entre regiones que comparten valores y una visión abierta al comercio internacional envía una señal muy importante al mundo”, dijo la semana pasada en el foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asunción.
El acuerdo Mercosur-UE crea una zona de libre comercio por valor del 30% del PIB mundial y tiene más de 700 millones de consumidores. Debería permitir a la UE exportar más automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a América Latina, al tiempo que facilitaría la entrada a Europa de carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.
Para sus críticos, esto perturbará la agricultura europea con productos importados más baratos que no necesariamente cumplen con los estándares de la UE, debido a la falta de controles suficientes.
La aplicación del tratado fue suspendida mediante una votación del Parlamento Europeo, cuyos representantes electos llevaron el asunto a los tribunales para verificar su conformidad con los tratados europeos.
Pero a finales de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el acuerdo se aplicaría provisionalmente, una decisión criticada por Francia, donde se considera una amenaza para los agricultores.
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