JA Según algunos, la democracia francesa está “cansada”. Abstención, desconfianza, aumento del populismo… todos ellos signos de una erosión de los valores democráticos, o incluso de una deriva autoritaria. Este diagnóstico se ha establecido en el debate público desde hace unos quince años, pero es engañoso. Nuestros datos (disponible en la obra colectiva La democracia francesa en dificultades, “La democracia francesa en peligro”, Palgrave Macmillan, 2025, sin traducir) contar una historia completamente diferente.
Los votos de protesta y los discursos populistas prosperan no gracias al rechazo de la democracia, sino a la sensación de que se obstaculiza la soberanía popular. Las movilizaciones de masas ignoradas (más de un millón de manifestantes contra la reforma de las pensiones, más de 500.000 opositores al proyecto de ley Duplomb, 700.000 al proyecto de ley Yadan), las reformas adoptadas sin una deliberación real, los mecanismos de participación ciudadana sin impacto en la toma de decisiones (convención ciudadana sobre el clima, listas de quejas) no pueden más que acreditar este sentimiento de expropiación política. Cada vez las palabras de los ciudadanos apenas se escuchan y no tienen consecuencias. Éste es el meollo del problema francés.
En realidad, los franceses no se están alejando de la democracia. Siguen firmemente apegados a él, siguen considerándolo el mejor régimen político. Lo que se está deteriorando no es la adhesión a los principios democráticos, sino más bien su implementación lo que se critica.
Esta discrepancia está bien documentada. Lejos de estar resignados o ambivalentes, los ciudadanos son demócratas insatisfechos. No rechazan la democracia liberal, es decir, el Estado de derecho, las libertades públicas y las elecciones. Cuestionan la forma en que se practica: representación socialmente sesgada, uso partidista de las reglas del juego político y soberanía popular confiscada por una práctica distante e inconexa del poder. En estas condiciones, las elecciones ya no se consideran un horizonte suficiente para producir una legitimidad política duradera.
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