un caso de uno “gravedad extrema” haber violado “irremediable” al orden público y a los intereses fundamentales de la nación, una “sistema organizado, opaco e ilegal” financiación del terrorismo por un importe “nunca alcanzado” de 5,6 millones de euros, decisiones de gestión “cínico”acusados que “desechar” de sus responsabilidades mediante negaciones “absurdo” y temas “FALSO” limitándose para algunos a “cobardía”…
Las palabras pronunciadas el lunes 13 de abril por la jueza Isabelle Prévost-Desprez durante el proceso contra Lafarge y ocho de sus antiguos directivos y empleados, procesados por haber pagado dinero a varios grupos terroristas en Siria entre 2013 y 2014, para mantener la actividad de una fábrica de cemento en el país, tuvieron una cruel resonancia, durante casi cuatro horas desde la lectura de esta sentencia, en la sala de la 16ª sala del Tribunal Penal de París.
El presidente oscureció aún más este panorama condenatorio al establecer una conexión directa entre todo esto “asociación comercial” han pasado por la cementera con grupos terroristas, en primer lugar la organización Estado Islámico (EI), y los atentados perpetrados por este último: «Como afirmó una parte civil víctima de los atentados del 13 de noviembre de 2015, las cifras y las decisiones financieras tomadas por los perpetradores en este caso se transformaron en Kalashnikovs, en explosivos, que mataron, mutilaron, hirieron y devastaron vidas humanas en Siria y Francia.»
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