Aún no es noticia de una muerte anunciada. Pero el informe de la Coalición por la Corte Penal Internacional avanza “La guerra estadounidense contra el sistema de justicia internacional”Hecho público el jueves 23 de abril, tiene la precisión de una autopsia. Esta coalición, que representa a ONG de 150 países, analiza las sanciones estadounidenses lanzadas en los últimos quince meses contra la Corte Penal Internacional (CPI).
Desde la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 6 de febrero de 2025, estas sanciones se han dirigido a tres fiscales, ocho jueces, un experto de las Naciones Unidas y tres organizaciones palestinas de derechos humanos, todos ellos señalados por su participación en casos relacionados con crímenes pasados cometidos por el ejército estadounidense en Afganistán y aquellos cometidos por Israel en los territorios palestinos. Con este informe de 68 páginas, la Coalición CPI ofrece un inventario edificante del daño infligido por Washington a este sistema de justicia responsable de combatir la impunidad de los responsables de crímenes contra la humanidad.
Además de la ausencia de visados para Estados Unidos, los 11 magistrados sancionados y la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, se vieron privados de mensajería, acceso a plataformas de viajes estadounidenses, vídeos, reservas, sistemas de pago, libros electrónicos, nube, etc. Lo más importante es que han perdido sus tarjetas bancarias, no pueden transferir dinero fuera de Europa y, para algunos, ya no tienen acceso a sus cuentas bancarias.
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