Se activan nuevos controles del INPS para evitar el fraude fiscalSubsidio de inclusión (Adi), la contribución que desde hace unos dos años sustituye los ingresos de los ciudadanos de los llamados “incapaces de trabajar”. La nueva intervención se refiere a ex presos, personas en semilibertad y personas condenadas por delitos, pero admitidas en medidas alternativas a la prisión (como comunidades de recuperación). De hecho, las normas que regulan el ADI prevén que quienes se encuentren en “condiciones desventajosas” puedan recibirlo (siempre que cumplan también requisitos económicos como umbrales bajos del ISEE), incluidos los reclusos que no se encuentran en establecimientos penitenciarios o aquellos que pueden abandonarlos parte de la jornada por mérito y tal vez también realizar trabajos de utilidad pública.
El mecanismo
A través de un mensaje público el miércoles pasado, el Instituto de Seguridad Social amplió un servicio informático ya existente, el de validación de los certificados necesarios para acceder a la ADI, en el que ahora también participan las Oficinas Externas de Ejecución Penal (UEPE). En la práctica, las oficinas que siguen rutas alternativas de detención podrán conectarse a la plataforma del INPS y confirmar directamente si una persona está realmente siguiendo medidas alternativas, programas de reintegración o vías terapéuticas.
Este paso tiene como objetivo hacer que la verificación de las condiciones desfavorables declaradas en las solicitudes sea más rápida y segura. Hasta ahora, la investigación del INPS se basaba principalmente en solicitar confirmación a las administraciones que habían emitido los certificados: por ejemplo, autoridades sanitarias locales o servicios sociales donde se había declarado la inscripción en un programa de tratamiento. La intervención que se acaba de comunicar amplía el alcance de los controles y pone al INPS en contacto directo con quienes gestionan la ejecución penal externa, es decir, las oficinas que conocen la situación judicial y la ejecución efectiva de la medida. Esto no significa que el certificado penitenciario sustituirá otros controles, sino que representará una prueba adicional y más sólida del estatus declarado.
Transparencia
Desde el punto de vista administrativo, el procedimiento exige que la entidad llamada a validar la certificación responda a través del servicio electrónico. En caso de falta de respuesta dentro de los plazos técnicos previstos, se prevén medidas operativas para evitar un bloqueo permanente de los procedimientos, pero la responsabilidad de la retroalimentación corresponde al servicio territorial competente. Es por ello que las personas monitoreadas por la Uepe deben asegurarse de que la oficina territorial esté informada y pueda utilizar el servicio, presentando toda la documentación útil, como órdenes judiciales o certificados oficiales.
El nuevo endurecimiento del INPS hace, por tanto, más rigurosa la fase de evaluación de las condiciones penitenciarias y, al mismo tiempo, hace más transparente el vínculo entre las instituciones que expiden los certificados y la institución de seguridad social que paga el subsidio. Para quienes participan en la asistencia social y para los propios potenciales beneficiarios, la recomendación práctica del Instituto de Seguridad Social es cuidar la documentación e indicar correctamente, en la solicitud de Adi, la oficina encargada de la causa penal externa. Sólo así el nuevo procedimiento podrá cumplir su función prevista: desenmascarar el fraude y al mismo tiempo garantizar que aquellos que están realmente desfavorecidos sigan beneficiándose del apoyo previsto por la ley.
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