Aún no hay fecha para el referéndum, aunque circulan rumores y la sesión está prevista para los primeros días de marzo, pero el ministro de Justicia, Carlo Nordio, ya mira hacia el futuro y anuncia la reforma del procedimiento penal.
“Cuando hayamos cerrado el paréntesis del referéndum, que espero que sea confirmatorio, abordaremos inmediatamente el proceso penal que queremos volver a sus orígenes inspirado en una medalla de plata de la Resistencia, que fue el profesor Vassalli”, afirma el Ministro de Justicia, conectándose por vídeo al congreso Hands Off Cain en Milán y reiterando que vía Arenula trabaja “por un nuevo código de procedimiento penal que subraye los momentos de garantismo”.
Palabras que llegan a pocos días de la reunión final de la comisión de reforma constituida en 2023 y presidida por Antonio Mura. En casi tres años de trabajo, que cristalizará en un informe, los comisarios abordaron la cuestión del nuevo perímetro dentro del cual debe desarrollarse el proceso, como ha subrayado repetidamente el propio ministro Nordio, que pone el acento “en la presunción de inocencia, la certeza de la pena y la reeducación del condenado”.
El objetivo del responsable de vía Arenula es devolver el código procesal a su “dimensión original” y “reafirmar su espíritu acusatorio”. Igualdad de las partes y del contrainterrogatorio en la formación de la prueba, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los objetivos de eficiencia de la justicia y, por tanto, “las necesidades de un uso calibrado de los recursos procesales, respetando los derechos y garantías de la defensa”. Un proyecto que, en definitiva, pretende equilibrar la eficiencia judicial y las garantías individuales, como ya ha ocurrido con las intervenciones sobre normas sustantivas, como la abolición del abuso de poder y la reformulación del tráfico ilícito de influencias, y las normas procesales en materia de escuchas telefónicas y medidas cautelares.
Desde Milán, Nordio recordó la reforma de los criterios para dictar la orden de detención policial con la introducción de “los interrogatorios preventivos y dentro de algunos meses entrará en vigor la composición colegiada del órgano que debe dictar la orden de detención policial y esto será una gran ventaja para la presunción de inocencia”.
El choque por el referéndum queda en un segundo plano. Una iniciativa de 15 ciudadanos el viernes podría complicar los planes del gobierno para fijar la fecha. De hecho, se ha presentado una nueva pregunta en el referéndum sobre la separación de las carreras de los magistrados. “Provistos de certificados – leemos en el sitio web del Diario Oficial – que acrediten su inscripción en las listas electorales”, los quince declararon que “querían promover la recogida de al menos 500 mil firmas para la solicitud de referéndum”.
Mientras tanto, el sábado comenzó la campaña del Comité del No y la de los magistrados. Muchas asociaciones están involucradas, incluida Anpi. “Es evidente que no podemos hacer comparaciones entre diferentes períodos históricos – afirma el presidente nacional de la Asociación de Partisanos, Gianfranco Pagliarulo – pero al mismo tiempo sólo podemos preocuparnos mucho de las intervenciones gubernamentales que reducen progresivamente los espacios de participación y de equilibrios democráticos”.
Para Anpi “la ley Nordio es un ataque a los fundamentos constitucionales. No es una ley de separación de carreras, basta ver su título y no es una reforma de la justicia y no servirá para acelerar los tiempos de los procesos”. Según el presidente del comité, Giovanni Bachelet, la reforma pretende debilitar y colocar a los magistrados bajo el control del ejecutivo. La reforma socava gravemente la Constitución y por eso el referéndum es esencial para la defensa de la democracia y los derechos de todos los ciudadanos.
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