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Patrick Balkany corre el riesgo de volver a ir a prisión. El viernes se espera un año de prisión contra el ex alcalde de Levallois-Perret (Altos del Sena), de 77 años. La audiencia del jueves adquirió un tono acalorado.

Durante la acusación del segundo día del juicio, el fiscal también pidió una multa de 150.000 euros y diez años de inhabilitación contra el ex barón de Ile-de-France, de 77 años, acusado de utilizar a agentes de la policía municipal como “lacayos” y “manitas”. La parte no definitiva de la pena de prisión solicitada va acompañada de una suspensión probatoria de tres años.

La Justicia lo acusa de haber malversado fondos públicos, entre 2010 y 2015, al asignar a su servicio exclusivo para viajes personales a tres policías municipales, así como a un policía nacional según disponibilidad.

“Trabajable día y noche”

“No nos molestamos en respetar las reglas”, insistió la fiscal Camille Siegrist durante su procesamiento ante el tribunal penal, exigiendo que el ex electo pague “las sumas adeudadas a la parte civil y a las autoridades públicas”.

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En el centro de la cuestión: el destino a la alcaldía, decidido “por decisión del príncipe”, de tres policías municipales y un policía en comisión de servicio como “conductores de seguridad”.

Se trata de una creación de un servicio sin “manifestación de necesidad”, fuera de todo marco legal y sin “orden de permanencia”, que permite al elegido “avanzar enmascarado en el respeto de la legalidad” y escapar del control de la prefectura, según el fiscal.

Criticando una “mediocridad sin nombre” y una “confusión de roles”, la fiscalía describió a un concejal que consideraba a estos agentes de policía “lacayos, secuaces, hombres de confianza, personal de mantenimiento”, incluso “prácticamente sirvientes”.

“Trabajables día y noche”, se encargaban, en particular, de “transportar las compras”, recuperar los cigarrillos o desplazarse personalmente al aeropuerto y a casa en Giverny (Eure).

Los Balcanes se defienden

Patrick Balkany, que se defendió ante el tribunal presentándose como un “alcalde paternalista” que justificaba la invitación de su personal, vio este argumento desestimado.

“No es por bondad que los inviten”, replicó el fiscal, burlándose de un funcionario electo que “hace su corte, quienquiera que lo siga”.

“Ser alcalde significa ser elegido pero no elegido”, subrayó el magistrado, recordando que la función es un “sacerdocio” y no la de un “demiurgo omnipotente”.

Subrayando que “la confianza en el contribuyente ha sido traicionada”, el fiscal consideró que, a pesar de la lejanía de los hechos, “el tiempo no lo ha borrado todo, al contrario”.

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