Esta mañana, la policía realizó registros en los domicilios de seis miembros del partido carccinco en Nápoles y uno en Florencia. Lo comunican ellos mismos, mostrando también el documento de la fiscalía de Nápoles. El partido de Carc es una de las realidades de izquierda radical quien se posiciona entre los más extremistas y predica desde hace años el derrocamiento del gobierno mediante acciones enérgicas en las calles para “imponer” un gobierno de bloque popular. A menudo se encuentran en los lugares más calientes, llaman a la acción y, tras años de investigación, la fiscalía ha decidido dar los primeros pasos. Entre los buscados también se encontraba un menor.
Las hipótesis de delito presentes en el acto de búsqueda son claras: “Artículo 270 bis por haber promovido, constituido, organizado, dirigido o financiado una asociación con la intención de cometer actos de violencia con fines de terrorismo y subversión que se refiere al funcionamiento de Brigadas Rojas y nuevas Brigadas Rojas (con el agravante de haber incitado también a un menor a cometer el delito)” ; “Artículos 110 y 414 por haber incitado públicamente apología de los crímenes terroristas con referencias explícitas a las operaciones de las Brigadas Rojas y de las Nuevas Brigadas Rojas”. Desde Carc, informaron que, según la práctica en estos casos, algunos fueron acompañados a la Prefectura de Policía para ser interrogados o, mejor, como dicen, “intentos de interrogatorios sin abogado y las otras formas típicas de intimidación que la policía política reserva a los activistas más jóvenes para asustarlos“.
En estas horas, parece que ciertos representantes del movimiento y de la oposición se están organizando para acudir a la Jefatura de Policía en solidaridad con los sujetos interrogados para quienes, hay que subrayar, no se han tomado medidas. “Denunciamos el intento de atentado del P.Carc con evidente e truco legal provocativo que combina las viejas herramientas de la horca y de los fiscales anticomunistas (270 bis) con modernas perversiones represivas como el “delito de expresión” y la propaganda terrorista a través de las redes sociales”, escribe el Carc. “Con las acusaciones de “terrorismo” contra P.
Porque las autoridades judiciales extienden su ataque contra todo el frente de masas populares y la lucha contra el gobierno de Meloni. Cuanto más cae en oídos sordos su intento, más crece y se fortalece la lucha contra el gobierno de Meloni, el sistema de Acuerdos Amplios y sus autoridades judiciales”, es la “advertencia” que lanzan desde Carc.