El mundo del fútbol tal como lo conocemos celebra su trigésimo aniversario. El 15 de diciembre de 1995, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ahora Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE) emitió una decisión que revolucionaría el ecosistema del fútbol. La sentencia Bosman –que lleva el nombre del centrocampista belga Jean-Marc Bosman– provocó, en particular, una liberalización del mercado de fichajes, un aumento de las transferencias de jugadores entre clubes y obligó a la Federación Internacional (FIFA) a establecer, a principios de 2002, un Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (RSTJ).
Tres décadas después, ¿quedará en el olvido este hito emblemático? Interrogado por Lassana Diarra, ex internacional francés que impugnó las sanciones por querer unirse a un club mientras un contrato lo vinculaba a otro, el TJUE dictaminó, el 4 de octubre de 2024, algunas normas de la RSTJ incompatibles con los principios comunitarios de libre circulación y libre competencia.
Algunos han pedido que la sentencia Diarra se convierta en la nueva referencia y punto de partida de un marco más respetuoso con los derechos de los futbolistas. Entre ellas, la fundación Justice for Players, creada en el verano de 2025, que presentará, a principios de 2026, una acción colectiva – o acción colectiva – ante el tribunal de Utrecht (Países Bajos), citando a la FIFA y a cinco asociaciones nacionales (holandesa, belga, alemana, danesa y francesa) acusadas por su influencia en el proceso. ¿El objetivo? Obligar a este último a cambiar su normativa, pero también obtener una compensación económica para quienes hayan sido perjudicados por la RSTJ. La factura podría alcanzar varios miles de millones de euros.
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