El viernes, el Consejo Europeo, órgano que reúne a los 27 jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, aprobó la congelación por tiempo indefinido de los 210 mil millones de euros de activos financieros rusos depositados en Europa (es decir, hasta que la Unión decida anularlos mediante otra votación). Estas sanciones están en vigor desde 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, y hasta ahora el Consejo debía reaprobarlas por unanimidad cada seis meses.
Pero en los últimos tiempos, el resultado de esta votación se ha vuelto cada vez más incierto ya que dos países, Hungría y Eslovaquia, se oponen cada vez más a congelar estos activos, especialmente porque algunos estados miembros quisieran utilizarlos para apoyar económicamente a Ucrania.
Para evitar que algún día su oposición (o la de otros Estados miembros) conduzca a la no renovación, la Comisión Europea propuso la semana pasada al Consejo aprobar la congelación por tiempo indefinido, invocando el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea: se trata de un artículo que, en casos excepcionales, permite aprobar medidas por mayoría cualificada (y no por unanimidad) y sin tener que presentarlas al Parlamento Europeo.
Para ser adoptada, esta decisión tenía que ser votada por al menos 15 de 27 países y por un número suficiente de países para representar el 65 por ciento: finalmente fue votada por 25 estados miembros, y sólo Hungría y Eslovaquia se opusieron.
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