Nada menos que 10.650 autobuses y autocares. Este es el ejército que Île-de-France Mobilités (IDFM) despliega cada día para transportar a sus habitantes a la región. Una flota titánica, cuya dependencia del petróleo podría, en el actual contexto geopolítico, convertirse en un verdadero pozo financiero para los operadores -RATP, Keolis, Transdev- y, por tanto, para IDFM. Hasta hace poco, el panorama habría sido realmente preocupante: “A partir del 1 de marzo de 2025, casi el 53% de los vehículos eran diésel en Isla de Francia”, subrayó Céline Malisé, presidenta del grupo de izquierda comunista, ecologista y ciudadana en el consejo regional.
Con un depósito de 250 litros que debía llenarse aproximadamente cada tres días, el combustible representaba hasta el 10% de los costes operativos del operador. Pero la situación está cambiando. “El aumento del precio del combustible no es decisivo porque, a partir de ahora, una minoría de la flota seguirá equipada con motores diésel”, asegura el IDFM. A diferencia de la inflación que siguió al estallido de la guerra en Ucrania, esta vez no se vislumbra una epidemia generalizada para el transporte público en 2022.